La sostenibilidad como parte de la noción de progresividad de los Derechos Sociales

Como sucede en otros textos del constitucionalismo europeo de la postguerra, la carta española de 1978 establece un ideal de progreso que se plasma como un sistema de valores, principios y derechos interconectados entre sí, situando a la noción de progreso como una meta constitucional permanente que supera el mero rol prestacional de los poderes públicos.
La reforma del 2011 al artículo 135 CE, junto con introducir un mandato de estabilidad presupuestaria, incorporó a nivel constitucional la noción de sostenibilidad económica o social del Estado, reconociendo con ello un principio de programación pública que debe ponderar adecuadamente el interés general con los resultados, tendiendo hacia el equilibrio permanente y la disponibilidad futura de recursos, prestaciones, capacidades o bienes necesarios para cubrir necesidades sobre las que existe un consenso político que deben ser atendidas por el Estado.
La obra revisa cómo a partir de la idea de solidaridad y equidad intergeneracional, plasmada en la noción de sostenibilidad, se condiciona el alcance del deber de progresividad del Estado sobre los derechos sociales, estableciendo un mandato presente a los poderes públicos para asegurar el disfrute de condiciones de vida adecuadas también para las generaciones futuras.