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Código orgánico de tribunales de Chile 2ª Edición con apéndice legislativo. Índices Temático y Analítico

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Más de 75 años han transcurrido desde que ?en agosto de 1942? el Presidente de la República, don Juan Antonio Ríos Morales, tuvo la iniciativa de encargar a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile la labor de refundir en un solo cuerpo normativo el texto de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1875 y del cúmulo de leyes posteriores que modificaron o complementaron sus disposiciones, trabajo que daría origen a nuestro actual Código Orgánico de Tribunales, aprobado mediante la Ley N°7.421, de 9 de julio de 1943.
No puede desconocerse el gran aporte de sistematización que representó la entrada en vigencia de este Código, al reunir de forma ordenada y coherente los aspectos normativos de una estructura de administración de justicia que a mediados del siglo pasado ya se había consolidado. No obstante, su puesta en marcha significó un avance solo en la arista formal del entramado normativo, toda vez que no trajo consigo ninguna reforma sustantiva a la organización de la judicatura nacional.
El tiempo, que no transcurre en vano para ninguna persona o institución, tampoco ha dejado incólume al cuerpo normativo que aquí presentamos. En efecto, nuestro Código Orgánico de Tribunales ha debido ser modificado y actualizado parcialmente una infinidad de veces durante su vigencia, cuestión que puede fácilmente apreciarse con la ingente cantidad de notas explicativas que acompañan su texto y que permiten seguir la evolución de sus distintas disposiciones. Este fenómeno ha respondido a la necesidad de que el aspecto orgánico de nuestra administración de justicia evolucione para responder adecuadamente a las demandas de los tiempos, debido, v. gr., al aumento de la población, la complejización del tráfico jurídico, al desarrollo de nuevas disciplinas y el surgimiento de actores jurídico-sociales. Todo ello ha motivado que en décadas recientes se haya debido proceder a la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, a la adecuación de las dotaciones de jueces y funcionarios, como asimismo a la incorporación de nuevos auxiliares de la administración de justicia.
Puede sostenerse, sin miedo a equivocarse, que la modificación más profunda que se ha realizado el Código Orgánico de Tribunales en los últimos años, está dada por la creación de los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, órganos que se destacan no solo por constituir uno de los pilares sobre los que se cimentó la nueva forma de hacer justicia en materia penal, sino también porque trajeron consigo una clara separación entre las funciones jurisdiccional y administrativa al interior de cada uno de los tribunales, encargándose esta última a un nuevo auxiliar de la administración de justicia: el administrador de tribunal.
Demás está decir que dichos tribunales marcaron la senda por la que transitaron las posteriores reformas orgánicas de nuestro sistema judicial, replicándose el modelo tanto en los actuales Tribunales de Familia y los Juzgados de Letras del Trabajo, como posiblemente también en los futuros tribunales civiles que deberán hacerse cargo de la tan ansiada y postergada
reforma procesal civil (cuya entrada en funcionamiento representará, por cierto, la próxima gran innovación al Código).
Debido a las reformas llevadas a cabo a los modelos de enjuiciamiento de distintas sedes procesales, resulta bastante claro que el legislador ha debido poner mucha atención a la adecuación orgánica de los tribunales de primer grado, pues sobre ellos recae principalmente el éxito de los procesos reformistas, cuestión que como se ha indicado, queda de manifiesto en el texto del Código. Muy distinto es el panorama en lo que se refiere a las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, cuya estructura y funcionamiento
siguen siendo esencialmente idénticos a los que se contenían en la versión original del Código. Así las cosas, considero que ya es momento de emprender el análisis sobre un futuro ?ojalá cercano? aggiornamento de estos órganos, que les permita no solo hacer frente a los desafíos que plantea la justicia del siglo XXI sino que, de paso, dotar de coherencia a todo el sistema. 
 

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