Conceptos jurídicos elementales. Introducción a la Ciencia del Derecho

Editado en México. Libro en papel sólo disponible en IBD (impresión bajo demanda). El libro bajo demanda se imprime de forma automática y de manera exclusiva para cada cliente. No admite devolución.

La idea original era que este trabajo fuese la primera parte de una obra sobre Teoría General del Proceso, asignatura que, de manera obligatoria, se debe cursar y acreditar en los primeros semestres de la carrera de Licenciado en Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; sin embargo, al formular cada una de las preguntas y la dificultad de encontrar las mejores respuestas de cada interrogante, advertí que puede ser un instrumento útil para los alumnos de todos los niveles de estudio del Derecho: Licenciatura, Especialización, Maestria e incluso Doctorado. 
Puede ser un elemento didáctico útil, fundamentalmente, para estudiantes de postgrado que provienen de otras carreras universitarias, distintas a la de Licenciado en Derecho; quienes requieren de conocimientos básicos de la materia jurídica, al pretender obtener un grado en este ámbito del conocimiento humano. 
La inquietud y convencimiento del método de estudio, a partir de preguntas sobre temas fundamentales y respuestas satisfactorias, los adquirí como estudiante de la Licenciatura en Derecho, sobre todo al descubrir un negocio ilícito, de algunas personas que obtenían las preguntas de exámenes ordinarios y extraordinarios de determinados profesores, personas que reproducían el "cuestionario" y "vendían" las copias a los alumnos que trataban de "facilitar" el estudio y aprendizaje, para estar en posibilidad de obtener calificación aprobatoria en el examen respectivo, dado que contaban con la guía "segura", respecto de las preguntas que el profesor de la materia o el jurado asignado para practicar el examen extraordinario iba a formular en su oportunidad. 
Por otra parte, en el primer semestre de la Licenciatura, también tuve la suerte de cursar una asignatura con un profesor que, al inicio del curso, proporcionaba sus apuntes de clase, redactados con el método mencionado: preguntas y respuestas. Si no mal recuerdo eran 250 interrogantes con su respectiva respuesta. De ese cuestionario resuelto, al concluir el curso, el profesor formulaba 10 preguntas distintas a cada alumno, como examen final, de lo cual dependía acreditar o no la asignatura. 
Con independencia de la experiencia mencionada, es del conocimiento de todos 
los profesores, el temor académico o al menos la incertidumbre de todo estudiante, que va a ser sometido a examen de conocimientos, respecto de las preguntas que el profesor o el jurado examinador le formulará en su momento y, por supuesto, que examinador y examinado esperan sean contestadas de manera acertada.

Con estas experiencias e inquietudes, sumadas a las circunstancias negativas provocadas por la pandemia por COVID-19, durante el largo periodo que transcurrió en los años 2020 y 2021, con grave deterioro de la salud pública en general y, evidentemente, de la salud de muchos millones de personas, en lo individual; dadas las serias limitaciones y dificultades que la pandemia impuso a todos los estudiantes y profesores, para cumplir adecuadamente el procedimiento de enseñanza-aprendizaje, en nuestro caso la enseñanza-aprendizaje del Derecho, con la pretensión de facilitar el estudio a los alumnos, de darles elementos firmes para el conocimiento de este apartado del saber humano, con la finalidad pragmática de hacer factible la acreditación de la asignatura a mi cargo, sin que ello implicara menguar el nivel de preparación académica de los alumnos, me dí a la tarea de formular algunas preguntas, que todo estudiante y/o profesional del Derecho debe contestar sin mayor dificultad. 
Al proporcionar la respuesta opté, para casi todas las preguntas, por la cita literal de las obras jurídicas que consideré adecuadas, consultables en las bibliotecas especializadas, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México, como en muchas otras instituciones de educación superior o de instituciones del Gobierno e incluso de las empresas editoras de libros, con independencia de su denominación y carácter público o privado, que han optado por la digitalización de los libros, para facilitar su consulta. 
La transcripción textual tiene una rigurosa finalidad pedagógica, que los estudiantes accedan al pensamiento escrito de los juristas que, por diversas razones, no es posible ver físicamente ni escuchar de viva voz; para que conozcan de manera directa y fiel sobre su existencia y obra; pero también para no incurrir en una mala copia de lo que dejaron escrito, para su presente y para la posteridad; para no tergiversar su pensamiento, con independencia de que el suscrito coincida o no con sus conclusiones y argumentación. 
La pretensión primaria y última es proveer y facilitar a los alumnos el conocimiento de los conceptos básicos, elementales, que debe tener todo estudiante y todo profesional del Derecho.