El 'beneficiario final' en el contexto de la contratación de la administración pública

En todo contrato del Estado es posible identificar dos partes: la administración pública contratante, por un lado, y, por el otro, un agente económico que actúa como contratista, esto es, como responsable de proveer el bien o prestar el servicio que aquella precisa. En principio, se espera que todas las partes de esta relación obren de buena fe, en forma transparente y que contribuyan al cumplimiento de los fines del Estado. Sin embargo, en la práctica, es posible que autoridades y contratistas se concierten para obtener un beneficio indebido o que los contratistas engañen a la administración con el fin de conseguir adjudicaciones fraudulentas o de escamotear determinadas circunstancias o anomalías que, en caso de ser conocidas, les habrían impedido contratar.
En tales casos, entonces, los agentes con intenciones indebidas, por obvias razones, tomarán una serie de medidas encaminadas a esconder su presencia, razón por la cual crearán figuras en las cuales su identificación resulte muy compleja, de manera que se desincentive su detección, sea por las autoridades de control, sea por la ciudadanía bajo la forma de veeduría ciudadana. Dada esta realidad, cobra cada vez más importancia la develación de los Beneficiarios Finales en este tipo de relaciones jurídicas. Esta inquietud, que comenzó siendo un asunto de buenas prácticas o de recomendaciones sectoriales cobra cada vez mayor relevancia jurídica, al punto que hoy constituye una institución reconocida en la legislación interna y que cuenta con una serie de instrumentos formales de eficacia que merecen especial atención.
La presente obra, por tanto, tiene como objetivo la postulación de un marco conceptual para entender el contenido y alcance de la noción de "Beneficiario Final" que resulte aplicable en el contexto de la contratación estatal. Lo que se busca, entonces, es brindar elementos conceptuales que permitan identificar las razones por las cuales un determinado agente busca ocultar su identidad en el contexto de la interacción contractual con el Estado, lo mismo que las principales estrategias de que puede servirse al efecto, todo ello a fin de postular algunas fórmulas jurídicas para la contención de tal fenómeno y, por supuesto, de formular un conjunto de críticas a la implementación misma de esta figura habida cuenta de sus costos y sus efectos en el marco institucional de las empresas  y los negocios.