Trata de personas, jurisdicción universal y víctima del delito

La trata de personas es una de las manifestaciones más graves de la criminalidad organizada transnacional, caracterizada por la cosificación del ser humano con fines de explotación. Su expansión a través de redes criminales que trascienden fronteras plantea importantes retos en materia de cooperación internacional y jurisdicción, donde la jurisdicción universal se presenta como herramienta indispensable para perseguir a los responsables sin importar el lugar de comisión o la nacionalidad de las partes.
De igual forma, el enfoque victimocéntrico se ha consolidado como paradigma en la atención de este delito, reconociendo a la víctima como sujeto de derechos que debe ser protegido y reparado. La normativa nacional e internacional ha reforzado sus garantías procesales en cuanto a información, asistencia, participación, protección y reparación, con el propósito de prevenir la revictimización. Sin embargo, la declaración de una víctima de trata en el proceso penal enfrenta obstáculos como el temor a represalias, la desconfianza hacia las autoridades, la estigmatización social y las secuelas psicológicas, lo cual afecta la calidad de su testimonio. Por ello, reflexionar sobre este fenómeno resulta de gran interés, en tanto permite evidenciar falencias del sistema penal y la necesidad de un modelo de justicia que reconozca a la víctima como eje de protección jurídica y fortalezca la respuesta frente a este flagelo.