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La expedición de la Ley 1826 de 2017 supone una
de las modificaciones legislativas de mayor
importancia en el ámbito procesal penal colombiano
de los últimos tiempos, pues, de un lado,
introduce un modelo de enjuiciamiento simplificado,
que, bajo la genérica denominación de
?procedimiento especial abreviado?, coexiste con
los procesos ?ordinarios? previstos en las leyes
600 de 2000 y 906 de 2004, y, del otro, desarrolla
la reforma constitucional que posibilitó el ejercicio
de la acción penal a sujetos diferentes de la
Fiscalía General de la Nación, al hilo de la figura
del llamado ?acusador privado?. Las necesidades
de explicar con detalle las novedades en ambos
frentes, identificar algunos de los problemas
asociados a ellas y sugerir posibles soluciones
justifican sobradamente la presente publicación.
Además, en tanto los temas objeto de la ley
aludida no son innovaciones del legislador colombiano,
se ha considerado oportuno dar cuenta de
lo acontecido en los ordenamientos de los EE. UU.,
Alemania, Italia y España, donde las víctimas han
ganado espacios importantes, al igual que repasar
críticamente la tendencia a la evitación de los
procesos penales provocada por la justicia negociada
y el principio de oportunidad.

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