Las políticas e intervenciones de reducción de daños se describen habitualmente como el conjunto de acciones sanitarias y sociales, de carácter individual o colectivo, destinadas a minimizar los riesgos y las consecuencias negativas derivados del uso de drogas.
El debut de este enfoque en el ámbito del abordaje de los trastornos adictivos, surge con iniciativas desarrolladas en los años 80 en ciudades europeas como Rotterdam, Liverpool, Amsterdam, Zurich o Berna, pioneras en implantar acciones destinadas a los usuarios de drogas que no pueden o no quieren abandonar el consumo.
Los programas basados en la reducción de daños pronto se desvelaron como un arma eficaz para hacer frente a la expansión de la infección por VIH/SIDA. De algún modo, la influencia de esta pandemia se ha convertido en el factor que mayores transformaciones ha producido en la implementación de nuevas intervenciones destinadas a los usuarios de drogas inyectables.
En la actualidad, la perspectiva de la reducción de daños ha trascendido más allá de esos escenarios, y es considerada ya como una orientación políticamente aplicable en diferentes contextos del uso de drogas en general.


¿qué tipos de programas se están desarrollando desde la perspectiva de la reducción de daños?
Los programas de mantenimiento con metadona y los de intercambio de jeringuillas, son seguramente las actuaciones enmarcadas dentro de la reducción de daños que han gozado de una mayor difusión.
Otras intervenciones relevantes son también la creación de centros de encuentro y acogida, la habilitación de espacios para un consumo más higiénico de las sustancias, los programas de mantenimiento con sustitutivos opiáceos como la buprenorfina y el LAAM, o los programas para la dispensación controlada de heroína.
Metodológicamente, pueden destacarse vectores tan estrechamente vinculados a esta orientación como las estrategias de "outreach" (acercamiento), las acciones a través de "pares", o los talleres para la disminución de los riesgos y daños asociados al uso de sustancias (o a las prácticas sexuales).
Debe puntualizarse, que los programas con sustitutivos opiáceos como la metadona, buprenorfina o el LAAM son susceptibles de orientarse tanto hacia la reducción de daños, como hacia la abstinencia, pasando por diferentes umbrales o niveles de objetivos.


¿cuál es la situación actual de las actuaciones sociales enmarcadas en la reducción de daños?
Las políticas y actuaciones orientadas desde la perspectiva de la reducción de daños asociados al consumo de drogas, se han expandido fundamentalmente por su demostrada capacidad para hacer frente a la expansión de infecciones como las producidas por el VIH o la hepatitis. Esto ha ido definiendo una priorización de objetivos orientados básicamente desde las esferas de la sanidad y de salud pública.
Actualmente, este tipo de orientación está pasando ya a considerarse como un modelo de intervención en el ámbito del uso de sustancias, que tiene sentido incluso fuera de su vinculación a la lucha contra el VIH/SIDA (es aplicada por ejemplo frente al consumo de alcohol, tabaco o sustancias de diseño).
Es por ese motivo por lo que debe de asumirse como un auténtico referente de actuación, que necesariamente debe tener un carácter interdisciplinar y equilibrado, incorporando una atención integral a los usuarios crónicos de drogas que no acceden a recursos y programas orientados a la abstinencia.
La participación de los profesionales de lo social en este tipo de acciones, resulta imprescindible para avanzar en la integración social de los colectivos de consumidores de drogas que soportan mayores cotas de vulnerabilidad y de exclusión social.
Es cierto que actualmente y en nuestro contexto se ha logrado incorporar a las redes de atención socio-sanitaria a buena parte de la población que presenta usos problemáticos de sustancias. Pero además de favorecer la accesibilidad y la proximidad de las prestaciones, es necesario que éstas respondan a unos mínimos de calidad asistencial.
Ha llegado el momento de abrir una nueva fase: compensar la faceta social de la reducción de daños, y abordar la incorporación social de aquellas personas cuya exclusión se vincula básicamente al uso de sustancias ilegales.