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El artículo 27 de la Constitución reconoce la libertad de enseñanza y el derecho a la educación básica obligatoria y gratuita para todos. Se puede afirmar que la educación es un derecho especialmente valorado por la sociedad española cuyo disfrute no se abandona a la autonomía de la voluntad, sino que la Constitución establece el deber de cursar la enseñanza básica. Pero la Norma fundamental no equipara enseñanza básica con escolarización obligatoria; interpretación que, sin embargo, es la que ha plasmado el legislador tanto en la LOGSE como en la LOCE. La consecuencia de este desarrollo normativo restrictivo de la libertad de enseñanza es la emergencia de conflictos derivados del incumplimiento de la obligación escolar.
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