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La situación de crisis económica ha provocado la activación de medidas de austeridad tendentes a la reducción del gasto público. Entre estas medidas, destaca la reforma del artículo 135 de la Constitución española que establece, como regla jurídica, lo que venía configurado como mero principio orientador de la actividad financiera de las Administraciones Públicas. Esta limitación constitucional y su desarrollo legal obligan a redefinir el alcance prestacional del Estado que se ve claramente afectado por la rigidez de la nueva regla constitucional que, al proscribir la superación de un determinado techo de gasto, pone en solfa el principio no regresividad de las conquistas sociales.
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