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La ejecución provisional en el proceso social ha experimentado un notable desarrollo con la entrada en vigor en 2011 de la LRJS. El establecimiento de normas comunes a la ejecución provisional (Art. 304.1 Y 3), la inclusión de nuevas modalidades (Art. 303.2 Y 3), así como la inserción generalizada de medidas cautelares (Art. 304.2), revelan una firme voluntad del legislador de potenciar esta institución procesal, la cual, fiel a sus orígenes, continúa reservándose al ejecutante trabajador o beneficiario de Seguridad Social, y ello conforme a una arraigada jurisprudencia constitucional que ha calificado la ejecución provisional de ... mecanismo compensador de la desigual posición material existente entre las partes (STC 105/1997). Esta regulación más extensa y las nuevas exigencias legales para aplicar supletoriamente normas civiles (D.F. 4ª LRJS), han situado a la LEC en un plano de supletoriedad residual en esta materia, resolviéndose la mayoría de las lagunas legales mediante la analogía y la autointegración normativa.
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