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Nadie desconoce que el aspecto económico vinculado a la comisión de conductas penalmente relevantes, tanto en su fase previa (fi nanciación) como en la posterior a la ejecución (blanqueo), constituyen aspectos que no pueden obviarse si pretende actuarse de una forma efi caz en la evitación de la comisión de los mismos. La punición de las conductas de fi nanciación ha obtenido siempre respuesta en nuestro texto punitivo, cuanto menos, a través de las reglas contenidas en la parte general relativas a la autoría y participación y el iter criminis. Cuestión ésta de capital relevancia en lo que al terrorismo se refi ere. Especialmente en los últimos años en los que, como consecuencia, tanto de la extrema gravedad que los actos terroristas a nivel internacional están adquiriendo, como a la conciencia y repudio sociales que en relación al mismo imperan, se ha implantado una estrategia basada más en la prevención que en la represión de tales actos. Desde esta perspectiva y, habida cuenta la iniciativa legislativa que a nivel internacional puede encontrarse en relación a esta cuestión, procedía desarrollar un análisis relativo a la situación en la que se encuentra nuestro ordenamiento jurídico en lo que al terrorismo se refi ere.
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