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En esta monografía se analiza la creación y puesta en marcha de la Fiscalía Europea, prevista en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que ahora la Comisión considera prioritaria ante los problemas para perseguir los delitos contra los intereses financieros de la UE, fraudes que ascendían a más de 600 millones de euros. La Propuesta de Reglamento de creación de la Fiscalía Europea (COM(2013) 534 final) representa un paso más en la unificación de normas europeas en materia penal, aunque esto se hace sobre el mínimo común europeo, como lo acreditan las sentencias de la Gran Sala del TJUE de 26 de febrero de 2013, casos Melloni y Ákerberg Fransson, decidiendo que prima el derecho de la UE sobre las mayores garantías establecidas por las normas estatales. La investigación de los delitos contra los intereses financieros de la UE se encomienda en exclusiva a la Fiscalía, una institución que se proyecta como fuertemente jerarquizada, a cuyo frente estaría un Fiscal Europeo. La Propuesta de Reglamento regula medidas de investigación y reconoce algunos derechos fundamentales de los investígados en estos procedimientos. La monografía hace un completo estudio crítico de estas medidas y de los derechos fundamentales que poco a poco van adquiriendo carta de naturaleza en las normas comunitarias.
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