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La actividad encomendada a las Instituciones Penitenciarias en el artículo primero de la Ley penitenciaria 1/1979 de 26 de septiembre, exige del pertinente control judicial para que la misma sea respetuosa con los derechos e intereses legítimos de los internos y se desarrolle en los estrictos términos fijados por dicha Ley, sometiéndose a los fines que le son asignados por la misma. Sin embargo, las características propias de la relación jurídica penitenciaria, calificada de "relación de sujeción especial", determinan la existencia de una cierta singularidad en esta fiscalización y control de la actividad penitenciaria, que está sometida a los mismos controles que el resto de las Administraciones Públicas y, además, al propio y específico que ejerce la jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria, que asume por imperativo del artículo 76 de la citada Ley penitenciaria. Al estudio de esta singularidad en ese control de la actividad penitenciaria hace referencia el contenido de este Libro, de sumo interés para los estudiosos y operadores jurídicos del derecho penitenciario.
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