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Las nuevas técnicas de investigación plantean conflictos entre los derechos individuales y el interés público en la averiguación y persecución de los delitos. El cuerpo humano se convierte en una fuente inagotable de información que facilita el ejercicio delius puniendi del Estado. El descubrimiento de la verdad y la realización del interés público, por un lado, y el respeto de los derechos fundamentales, por otro, limitan el discurso, justificando, tan solo, aquellas intromisiones corporales compatibles con el mantenimiento y defensa del contenido esencial de los derechos fundamentales (intimidad y/o integridad física y moral). Esta realidad plantea el problema de la ilegitimidad de las intervenciones corporales como diligencias de investigación en el proceso penal, siendo éste el objeto del presente trabajo por la posible realización de diversas figuras delictivas: prevaricación judicial, coacciones y tortura.
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