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En el proceso de continua reflexión, que tan necesario resulta tratándose de normas complejas que afectan a un sector del mayor interés económico, pero también social, como es el de la contratación pública, se inscribe la presente obra, en la que la mayor parte de las cuestiones que se tratan hacen referencia, dentro de lo que tradicionalmente ha constituido el objetivo central de la legislación de contratos públicos, es decir, el sistema normativo que permite proveer a las entidades contratantes de las obras, suministros y servicios que requieren para el cumplimiento de sus fines, a una serie de exigencias que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, aporta como novedad a ese sistema normativo tradicional, que, además, resultan esenciales para la consecución de otros objetivos del nuevo régimen de los contratos del sector público. Tales son, en los términos que indica su exposición de motivos, "los aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato", y otros como la trasparencia y la lucha contra la corrupción, la mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación del sector público y, en fin, la implantación de la contratación electrónica; objetivos que forman parte del marco general que pretende ser la denominada Estrategia Nacional de Contratación Pública.
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