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El régimen jurídico de la propiedad privada ha sido siempre unos de los elementos arquitectónicos básicos de todos los ordenamientos jurídicos, en la medida en que expresa y racionaliza el aspecto más esencial de la estructura económica de la sociedad. Todas las grandes mutaciones y reformas jurídico-políticas han tenido, por consecuencia, evidentes refl ejos en el ámbito, extensión y protección de ese poder sobre los bienes conferido a los particulares. Ello ha determinado una estrecha relación entre la disciplina de este particular derecho subjetivo y las normas que confi guran la ordenación política de cada comunidad. La evolución del constitucionalismo de nuestro entorno político y cultural es bien signifi cativa al respecto desde la época clásica en que las llamadas "partes dogmáticas" de las Constituciones se mueven en torno al binomio libertad- propiedad hasta las cartas fundamentales modernas fuertemente inspiradas por principios socializadores, ya lejanas de los postulados del liberalismo clásico, y que pretenden marcar los principios del ejercicio de un derecho que afecta tanto a la utilidad privada como al interés social. En esta última tendencia se enmarca la Constitución española de 1978.
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