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En los últimos años y a través de iniciativas legislativas de primer orden como el RD 1083/2009 por el que se regula la Memoria de Análisis de Impacto Normativo o la Ley de Economía Sostenible, España ha ido incorporando al ordenamiento jurídico interno los principios, fines y herramientas de la política de mejora regulatoria, más conocida por su traducción en inglés Better Regulation. Dicha política, que encuentra sus orígenes en iniciativas aisladas de evaluación y control de la calidad normativa a nivel estatal, sobre todo en países de common law, ha sido difundida, sistematizada y promocionada por la OCDE y, finalmente ha acabado incorporándose después al ámbito europeo a través de las instituciones comunitarias, las cuales, han promovido su difusión y adopción por parte de los Estados Miembros. La política de Better Regulation supone así una nueva forma de actuación legislativa en la que la voluntad política subyacente en la elaboración normativa queda relegada a un segundo plano respecto de criterios que, no siendo desconocidos para nuestro derecho, adquieren una nueva significación: simplificación, calidad, eficacia, eficiencia, trasparencia, proporcionalidad y promoción de la competencia.
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