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1ª Edición / 402 págs. / Rústica / / Libro
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La obra dibuja el marco multilingüe y pluricultural de
un Estado que podríamos definir como un caleidoscopio
de lenguas y culturas, enraizadas todas ellas en una
misma Nación, pese a que surjan voces discrepantes
que se sienten diferentes y ajenas a esa realidad
histórica. La España democrática es inseparable de la
heterogeneidad social y del respeto de todos y cada
uno de sus ciudadanos, lo que exige el respeto también
de todas y cada una de sus lenguas, empezando por el
español y terminando por el catalán, el valenciano, el
gallego, el euskera y los diferentes dialectos del país.
Sin embargo, la realidad muestra un panorama diferente.
Por ello, la obra analiza la situación jurídica del
castellano frente a las lenguas cooficiales. El castellano,
como lengua oficial, en virtud del artículo 3 de la
Constitución, es una lengua de obligado conocimiento
y voluntario uso, por parte de los españoles. Dicha
obligación compromete a los poderes públicos, que
deben garantizar el derecho a hablar o vivir en castellano.
En esta línea, la obra se centra en un estudio de caso
concreto, como es el derecho de acceso a la información
pública en castellano que proporcionan los
parlamentos autonómicos con lengua cooficial, para
valorar la desprotección existente en ciertos territorios.
El objetivo último es abordar soluciones que
permitan fortalecer y hacer cumplir el mandato constitucional.