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El desarrollo tecnológico ha propiciado la creación de métodos científicos basados en técnicas altamente fiables, que han irrumpido en la justicia penal mediante la configuración de una nueva categoría probatoria: la prueba científica. La utilización de la prueba científica en el proceso penal, sin duda, ha coadyuvado notablemente al esclarecimiento de los hechos delictivos y de su autor en un gran número de casos. Sin embargo, ha planteado también numerosos interrogantes de difícil solución: ¿Qué caracteres ha de reunir una prueba para que pueda atribuírsele el calificativo de científica? ¿Es la prueba científica sinónimo de prueba pericial? ¿Deben reforzarse los tradicionales criterios de admisibilidad de las pruebas tras la aparición de esta nueva categoría probatoria? ¿Hasta qué punto puede verse reducido el margen de valoración judicial ante las pruebas científicas? El libro que tiene el lector entre sus manos trata de dar respuesta a estas y otras cuestiones, con el objetivo de proponer unas nuevas bases normativas que modernicen el régimen jurídico probatorio actual. Para ello, habrán de ampliarse los esquemas clásicos de la teoría general de la prueba, respetando el límite infranqueable que presentan las garantías fundamentales que sustentan el debido proceso.
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