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La relevancia jurídico-política de la expresión del sufragio y, consecuentemente, la necesidad de garantizar que se produce en condiciones de libertad e igualdad de armas ha llevado a muchos ordenamientos a crear órganos de garantías electorales, de orden diverso y con facultades no siempre semejantes, pero de indudable trascendencia constitucional en relación con el principio democrático. El sistema español, basado en la existencia de una Administración electoral en cuya cúspide se sitúa laJunta Electoral Central, ha ofrecido hasta el momento un rendimiento satisfactorio, sin perjuicio de que algunas de las funciones que tiene encomendadas este órgano y ciertas resoluciones que ha adoptado hayan generado polémica, sea en el debate político, sea en el académico. A fin de debatir sobre aspectos relacionados con unas y otras (potestades normativas, concentraciones durante la campaña y lajornada previa a la votación, control de medios de comunicación), el Instituto de Derecho Público Comparado reunió a destacados especialistas (vocales de la Junta, letrados de las Cortes Generales, profesores universitarios) en un seminario sobre Las funciones de laJunta Electoral Central, cuyas contribuciones se publican ahora en este volumen.
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