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Protección constitucional en contexto de aplicación del art.116.2 CE por COVID-19.
La pobreza energética, entendida como la dificultad o incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura, así como de disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio asequible, se ha convertido en una de las privaciones materiales más severas y extendidas entre las familias españolas más vulnerables. En 2018, entre 1.3 y 3.1 millones de hogares españoles se encontraban en situación de pobreza energética. El presente estudio aborda la evolución de la pobreza energética en España entre 2015 y 2020 así como las medidas de protección con anclaje constitucional desarrolladas por las distintas Administraciones Públicas con especial referencia a los sistemas de protección social aprobados tras la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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