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Los partidos políticos, pese a adoptar la forma de asociaciones privadas, desempeñan una función claramente pública como instrumento constitucional de la participación política, lo que les exige un especial compromiso con el respeto al interés social general, además de someter su actividad económico-financiera al control del Tribunal de Cuentas. Por otra parte, su conexión con centros de poder puede propiciar riesgos de comportamientos irregulares, sea del partido como persona jurídica y dirigidos a obtener financiación opaca, sea de sus miembros y dirigida al mismo fin o bien, al mero lucro personal. Esta investigación colectiva parte de los discutidos límites entre la responsabilidad política y las responsabilidades jurídicas, desarrollando el alcance de las segundas, (administrativas o penales) desde la perspectiva de los controles, tanto internos como externos que deberían evitar el comportamiento ilícito de los partidos políticos o de sus miembros y, en su caso, sancionarlo.
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