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La reforma laboral de 2022 afecta principalmente a la actividad constructora, cuyo objetivo principal persigue reducir la precariedad y temporalidad en el empleo, siendo dos los puntos clave de aquélla: el contrato fijo-discontinuo y el contrato indefinido adscrito a obra. En primer lugar, el contrato fijo-discontinuo está especialmente dirigido a los segmentos que hasta ahora han recurrido a la contratación temporal. En este sentido, la reforma reconoce a las personas trabajadoras (con el contrato fijo-discontinuo) los mismos derechos que les amparan en el contrato infinido, incluida la indemnización por despido. El contrato fijo-discontinuo puede ser utilizado por ETT y en otros supuestos como actividad de temporada y contratas y subcontratas. Por consiguiente, desaparecen los contratos de obra y servicio determinado si bien aquellos que se hayan realizado entre el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022 se deben regir por la normativa vigente y su periodo de duración no puede ser superior a los 6 meses.
En segundo lugar, cabe referirse al contrato indefinido adscrito a obra, específicamente articulado para el sector de la construcción, cuyo objeto consiste en el desarrollo de tareas o de servicios que están estrechamente relacionados con actividades dentro del Convenio General del Sector de la Construcción. La finalización de la obra lleva implícita la obligación de la empresa de efectuar una propuesta (por escrito) a la persona trabajadora para su recolocación, con la consiguiente formación en caso necesario. Las causas que justifican la extinción del contrato se resumen en las tres siguientes: inexistencia de obras en la provincia, falta de cualificación para obra en la provincia y, finalmente, rechazo de la persona trabajadora para su recolocación.
Este estudio sobre "Responsabilidad y Construcción" ofrece al lector una visión multidisciplinar de los aspectos jurídicos que este binomio suscita, no sólo desde una perspectiva teórica, sino también relativa a la praxis forense, con un análisis práctico a través de sentencias de los tribunales nacionales y extranjeros, lo que hace que su lectura sea obligatoria para los estudiosos y profesionales del Derecho.

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