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La ausencia de resolución de los procedimientos que tramita la Administración constituye una patología que el ordenamiento jurídico ha tratado de paliar tendencialmente con soluciones favorables al reconocimiento de lo instado por los particulares. Sin embargo, ninguna de las aportadas por el legislador ha resultado enteramente satisfactoria, pues, como es natural, han partido de la situación viciada en origen que supone el puro incumplimiento por la Administración de la obligación de resolver los procedimientos de que conoce. Como las reformas legislativas se han venido sucediendo en el tiempo, la doctrina, con la misma cadencia, se ha tenido que ocupar del tema. Así, una vez que el legislador ha realizado en nuestro país, al menos en lo fundamental, las reformas exigidas por la conocida como Directiva de Servicios con objeto de garantizar la efectiva libertad de establecimiento de los prestadores de servicios, al volverse a suscitar legislativamente el sentido que ha de darse al silencio de la Administración, nuevamente resulta oportuno estudiarlo en profundidad. Esto es a lo que principalmente van dirigidos los capítulos que integran la presente obra, elaborada por un grupo bien conocido de especialistas en la materia con la pretensión de abordar tanto tanto las cuestiones generales como las peculiaridades propias de los sectores en los que de forma destacada opera el silencio administrativo.