Tutela Jurídica del Patrimonio Cultural

Los estudios contenidos en la presente obra abordan,
desde una perspectiva interdisciplinar, diversos aspectos
de la tutela jurídica del patrimonio cultural. Las principales
cuestiones planteadas van desde el encaje de la doble
vertiente que se aprecia en la configuración constitucional
del patrimonio histórico-artístico español: el mandato
que se impone al Estado de preservar el patrimonio
histórico-artístico, y el reconocimiento del derecho de
acceso a la cultura -cuyo ejercicio efectivo conlleva la
intervención de las Comunidades Autónomas- hasta la
reflexión crítica sobre los objetivos que perseguía la
aprobación de la Ley del Patrimonio Histórico Español
(LPHE) en la década de los ochenta, y los que efectivamente
se han alcanzado desde su entrada en vigor, para
ponderar si es o no necesaria su reforma.
Se otorga peculiar atención al patrimonio cultural
subacuático, como régimen especial dentro del patrimonio
histórico español, al análisis del devenir legislativo del
patrimonio histórico-artístico en Francia, y sus connotaciones,
desde el Antiguo Régimen hasta la aprobación del
vigente Código de Patrimonio en el año 2004, y al
Derecho de la UE, mediante el estudio de la primera
acción cultural liderada y coordinada por todas las instituciones
de la Unión Europea (UE), el Sello de Patrimonio
Europeo (SPE); iniciativa que pretende potenciar el
"sentimiento de pertenencia a la UE" de los ciudadanos de
los Estados miembros a través del patrimonio cultural
común.
Asimismo, se incluye el análisis, desde la perspectiva del
derecho español, de la adquisición a non domino de
bienes culturales en posesión de instituciones eclesiásticas,
a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo
301/2019, de 28 de abril, y de la relación entre los
ordenamientos nacional, confesional y europeo en los
supuestos de restitución de bienes culturales de titularidad
eclesiástica. La obra finaliza con una amplia reflexión
sobre la protección que se otorga al patrimonio cultural
durante los conflictos armados, que tiene su origen en la
Convención sobre la Protección de los Bienes Culturales
en caso de Conflicto Armado, adoptada en La Haya en
1954, ante la destrucción sin precedentes del patrimonio
que se produjo durante la II Guerra Mundial.