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La videovigilancia tiene múltiples aplicaciones. En su mayoría están relacionadas con finalidades preventivas en materia de seguridad. Pero si en un principio primaba su utilización en el ámbito y por los poderes públicos, en la actualidad está conociendo una expansión imprevisible. La LO 4/1997, que regula el uso de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, supuso un paso importante frente a las incertidumbres que generaba su uso, que en ocasiones alcanzaba a su cuestionamiento probatorio ante los Tribunales, sobre todo en materia penal. Esta LO constituye un avance importante desde la perspectiva de las garantías y de los derechos de los ciudadanos afectados por las grabaciones. Sin embargo, resulta insuficiente el régimen en ella establecido por su reducido ámbito de aplicación, lo que ha impulsado a la Agencia de Protección de Datos a emitir la Instrucción 1/2006.
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