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El terrorismo ha alcanzado dimensiones globales gracias a la existencia del ciberespacio. El miedo no solo a la propaganda terrorista en internet, al reclutamiento y entrenamiento virtual, sino a la posibilidad de ciberataques a las infraestructuras críticas de los Estados, ha llevado a aplicar técnicas de prevención situacional para controlar estos delitos. Esta estrategia ha convertido el ciberespacio en un panóptico, vigilando y castigando no solo a ciberterroristas, sino también a hacktivistas y tuiteros. Cuando, además, según los informes hasta ahora existentes, la amenaza real de esos ataques proviene de los propios Estados en forma de ciberguerra. Por eso, en esta obra se pretende delimitar no solo el concepto de terrorismo, sino también distinguir la respuesta penal que debe articularse sobre las ideas y actos terroristas. Una propuesta que permita distinguir delitos graves, de otros que también puedan llevarse a cabo en el ciberespacio, como los delitos de odio motivados por ideología política, o incluso, de aquellas expresiones de disidentes que quedarían dentro de la protección de la libertad de expresión. En los últimos años, la confusión sobre estas cuestiones se viene traduciendo en la lesión de Derechos humanos, en definitiva, en menos Democracia.
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