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El auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2011 ha supuesto una verdadera revolución en materia de tasación de las costas procesales. La absoluta relativización de los baremos de honorarios profesionales y del criterio de la cuantía del procedimiento, como consolidados cimientos de la actual práctica tasadora, ha situado en el juicio valorativo del secretario judicial el verdadero epicentro de esta actividad que, condicionada por la justificada minuta del abogado y sujeta a la posibilidad revisora del juez, ha recuperado gran parte de su significado primigenio de «estimación del valor de un bien o servicio». Con esta resolución nuestro Alto Tribunal se acerca al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aborda sus decisiones en la materia en un entorno completamente desprovisto de baremos y aranceles, lo que necesariamente nos lleva a contemplar un marco comparado, normativo y jurisprudencial, que habrá de servir de estímulo a las necesarias transformaciones que nuestro Derecho y su práctica demandan.
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