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La tradicional protección de la seguridad personal de los menores ha sido objeto de una profunda renovación en el nuevo Código penal. A la notable ampliación de la tutela que ha supuesto extender el régimen de los menores a los incapaces o la elevación generalizada de los límites de edad por debajo de los cuales se otorga la protección, se unen decisiones político - criminales en extremo discutibles como la supresión del delito de sustracción de menores o la introducción del delito del abandono temporal. Por lo demás, persisten problemas interpretativos significativos, entre los que cabe citar la identificación del bien jurídico protegido, la determinación de los sujetos activos o la delimitación entre las diversas figuras. Todo ello tiene lugar en una sociedad cuya sensibilización ante cualesquiera atentados a estos sujetos ha adquirido rasgos definidores.
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