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La Constitución y el Derecho Penal han mantenido desde los mismos orígenes del constitucionalismo una relación simbiótica y contradictoria. Simbiótica porque el argumento de fondo de aquella y de este no es otro que el cómo del ejercicio del poder, uno de cuyos atributos esenciales es el de establecer prohibiciones y castigos. Pero contradictoria porque, una vez legitimada la coacción estatal, las garantías constitucionales son el dique de contención contra los excesos en el ejercicio de tales atributos. Desde una pluralidad de enfoques y con una temática variada, los trabajos que aquí se presentan tiene como trasfondo la aplicación de las leyes penales en un contexto constitucional; esto es, en uno comprometido con el respeto de las garantías y con el carácter de los derechos como derechos fundamentales. La perspectiva plurinacional desde la que se emprenden permite comprobar además que, de todos los sectores jurídicos, ninguno como el Derecho Penal permite adivinar cuáles son algunos de los problemas básicos que enfrentan unas sociedades sometidas a tensiones que tienden a plantearse en todas ellas de manera semejante y en las que la respuesta penal tiene potencialidades y limitaciones igualmente parejas.
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