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El título del libro ya refleja e la tesis que aquí se sostiene: la protección social, entendida como el derecho a un mínimo vital de subsistencia, es un derecho constitucional fundamental. Los derechos fundamentales hoy no son sólo un asunto interno. La protección de los derechos se ha convertido en un asunto en buena medida global. Los sistemas de protección se superponen y coexisten distintos niveles de garantía. Refiriéndonos a España, a la protección que otorga la Constitución se suma la que ofrece el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los Pactos Internacionales, tanto de Derechos Civiles y Políticos como de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de otros muchos Convenios del Consejo de Europa y de Naciones Unidas. En el caso de los derechos sociales, hay que sumar la Carta Social Europea y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
El derecho a la protección social, derivado de varios preceptos constitucionales, como se trata de exponer, es un derecho que goza de tutela judicial y cuyo contenido esencial ha de ser respetado por los poderes públicos. A la hora de fijar ese contenido esencial hay que tener en cuenta la jurisprudencia y los desarrollos de los órganos internacionales de garantía de los derechos.
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