El reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre la actividad económica

Una aproximación a la interpretación jurisprudencial del artículo149.1.13 de la Constitución

La ordenación de las actividades económicas constituye uno de los temas que mayor grado de conflicto ha generado entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Por una parte, las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva en relación con un buen número de actividades económicas, pero, por otra parte, el Estado dispone de una competencia transversal, la relativa a las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13a de la Constitución), que le permite incidir en la ordenación del conjunto de la actividad económica; por un lado, se admite generalmente que el Estado debe llevar a cabo una labor de dirección de la política económica, pero, por otro lado, son constantes las quejas de las Comunidades Autónomas acerca de las injerencias en sus ámbitos competenciales ocasionadas por las normas del Estado que, amparándose en esta función, regulan hasta el detalle aspectos de las actividades que son objeto de sus competencias y, con ello, recortan, de hecho, su capacidad para decidir políticas propias en torno a las actividades económicas. La presente obra estudia de forma completa esta materia, para lo cual presta especial atención a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca de la competencia del Estado sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica.