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1ª Edición / 539 págs. / Rústica / Castellano / Libro
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La introducción, en el año 2010, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas supuso una revolución, no sólo para el Derecho Penal, sino también para el Derecho Procesal. El proceso penal se ha desarrollado a lo largo de los años desde una perspectiva antropocéntrica. En este sentido, los derechos procesales del investigado o encausado y su intervención en las distintas fases del proceso, tradicionalmente, han partido de la base de que la acción penal se dirige frente a una persona física viva. Por eso, la irrupción de las personas jurídicas en este escenario, como nuevo sujeto pasivo del proceso penal, implica poner en entredicho equilibrios dogmáticos alcanzados a lo largo de los años. En esta obra se analizan aquellas cuestiones problemáticas que plantea el hecho de que la parte pasiva del proceso penal sea una persona jurídica, concretamente en la fase de la instrucción penal. El trabajo pretende ser una aportación útil, tanto para los prácticos como para los teóricos del Derecho, ofreciendo soluciones a los problemas planteados, así como propuestas de lege ferenda en aquellos puntos en que la legislación procesal se considera insuficiente o mejorable. Así pues, en la presente monografía se analizan exhaustivamente los planteamientos tendentes a introducir el principio de oportunidad en los procesos penales frente a los entes colectivos, la imputación de la persona jurídica, la determinación del estatuto jurídico procesal que le corresponde en tanto que investigada-encausada, la investigación de los delitos cometidos por organizaciones empresariales, con especial énfasis en el fenómeno de las investigaciones intraempresariales y sus riesgos, así como el sistema de medidas cautelares previsto para las personas jurídicas. El trabajo se corresponde con una de las líneas de investigación desarrollada por la autora, quien presentó en su día la tesis doctoral con "mención internacional" sobre "La persona jurídica como parte pasiva del proceso penal", en la cual se dio respuesta exhaustiva, desde una óptica teórico-práctica, a todas aquellas incógnitas que, desde la perspectiva procesal, surgieron a raíz de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.