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En ocasiones se ha entendido que la protección penal del honor de las personas jurídicas y los colectivos supone el establecimiento de un límite intolerable a las libertades de expresión e información. Por el contrario, en esta obra se sostiene una postura que intenta conciliar, de un lado, la admisión de la titularidad del derecho al honor por parte de las personas jurídicas (públicas y privadas) y, de otro, una interpretación restrictiva de los tipos de los delitos contra el honor de personas físicas o jurídicas que, a través de los criterios de la imputación objetiva, excluya no ya la antijuridicidad, sino la propia tipicidad de las conductas que supongan un ejercicio legítimo de las libertades de expresión e información.
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