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El Tratado de Lisboa ha supuesto un definitivo impulso al Espacio Europeo de Justicia Penal trazando un nuevo rumbo en el que la homogeneización de garantías procesales penales contribuirá a equilibrar la balanza entre los valores esenciales de justicia y seguridad que, hasta el momento actual, se ha venido resolviendo a favor de este último. Partiendo del respeto a las peculiaridades de los distintos sistenlas jurídicos que conforman la Unión se pretende con esta nueva política, reforzar la confianza recíproca entre los distintos Estados proporcionando desde Europa unas normas mínimas que refuercen las garantías procesales básicas de las partes que se ven inmersas en un proceso penal. En esta monografía, se analiza el comienzo de esta hoja de ruta plasmada en tres Directivas aprobadas recientemente y que siguen el esquema de trabajo marcado por el Consej o, con las que se pretende reforzar los derechos fundamentales de las partes. Todo ello con el telón de fondo del principio de reconocimiento mutuo y la armonización procesal de legislaciones, que se erige en instrumento clave para lograr una efectiva cooperación judicial penal.
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