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El presente trabajo centra su atención en el análisis de la última reforma de las modalidades de contratación, llevada a cabo por la Ley 3/2012, de 6 de julio, que está siendo objeto, como es sabido, de una importante controversia en relación con algunos de sus aspectos, cuya constitucio-nalidad se cuestiona. Con la excepción de los cambios introducidos en el contrato para la formación y el aprendizaje, el núcleo duro de las innovaciones en esta materia se sitúa en el Capítulo II de la Ley que, en principio, según adelanta su Exposición de Motivos, ´"incluye diversas medidas dirigidas a fomentar la contratación indefinida y la creación de empleo", con especial hincapié en promover la contratación por PYMES y de jóvenes. Sin embargo, puede plantearse si las novedades en materia de contratación no obedecen también a otros intereses que resultan coherentes con el objetivo general de una reforma que adopta como punto de partida "la insostenibilidad del modelo laboral español".
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