¿Aún no tienes una cuenta? Crea una ahora y accede a tus listas favoritas, tu histórico de cuentas y muchas más cosas...
Pedidos y atención al cliente
PARTICULARES: 963 392 051 - FAX: 963 615 480 / LIBRERÍAS: 963 600 598 - FAX: 963 694 151
1ª Edición / 536 págs. / Rústica / / Libro
En papel: En stock, entrega en 24-48h |
|
|
Consultar disponibilidad en tiendas
Consultar disponibilidad en tiendasLos plazos estimados son para pedidos realizados antes de las 14:00h del viernes (salvo error o situaciones especiales: festivos, inventarios,etc).
|
||
Libro electrónico*: |
27,00 € | |
*Para visualizar los libros electrónicos debe tener instalado Adobe Digital Edition en su equipo. Para conocer más pulse aquí. |
El libro analiza las teorías que actualmente se utilizan para resolver supuestos de limitación de derechos fundamentales, especialmente el principio de proporcionalidad, hallando y fundamentando una falta de análisis de los fines que se invocan para justificar dicha limitación, su legitimidad y su concurrencia en el caso concreto. Es una crítica al principio de proporcionalidad que actualmente apenas se esboza en doctrina, pero que posee una significativa trascendencia. Entre dichos fines, destaca la invocación al orden público, un concepto que se utiliza de variada forma, y no solo en Derecho Constitucional, sino en las distintas ramas del Derecho. Por ello, este libro posee como principal objetivo ahondar y cuestionar qué se entiende por orden público. Basándose en los ordenamientos jurídicos de España y de Uruguay, pero también en los respectivos ámbitos regionales, europeo e interamericano, de protección de derechos (CADH, CEDH, CDFUE y jurisprudencia de la Corte IDH, del TEDH y del TJUE), se estudia y se profundiza en dicho concepto, en su empleo desde la teoría del Estado, desde las distintas ramas del Derecho y, especialmente, desde el Derecho Constitucional. La obra argumenta que el concepto de orden público debe ser uno solo y que, en un Estado constitucional de Derecho, la definición de este término debe ser determinada en la propia Constitución. Con ello, se procura ahondar en una reformulación del concepto, no solo con efectos para el Derecho Constitucional, sino, a través de éste, en lo que hace a su utilización por el resto del ordenamiento jurídico interno e internacional.