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El sistema universitario español garantiza el servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento, por lo que se requiere que cuente con una financiación adecuada, que asegure el derecho de la ciudadanía a recibirla con independencia de cualquier condicionante, especialmente los de carácter socioeconómico. La complejidad de esta cuestión hace necesario analizar la problemática desde la perspectiva del ingreso y, especialmente, del gasto público, tratando de buscar respuestas a preguntas como quién y en qué medida debe asumir el coste económico de la educación.
En este contexto, y en la medida en que los recursos son limitados, se ha abierto el debate sobre la necesidad de buscar soluciones imaginativas y nuevas fórmulas de financiación de la actividad universitaria, comunes en países de nuestro entorno, como el mecenazgo y el patrocinio. En definitiva, es necesario consolidar un sistema de financiación que respete el principio de justicia en el gasto público para que la Universidad sea capaz de hacer frente a los desafíos del siglo xxi, entre los que destacan la despoblación de ciertos territorios, el envejecimiento de la población o el descenso de la natalidad.
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