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El funcionario, a partir de la entrada en vigor de la Constitución, se encuentra sometido a conductas contrapuestas en el mantenimiento de su deber de secreto profesional, pero al mismo tiempo y a tenor de la vigencia de la referida Ley Constitucional, se ha consagrado el principio de publicidad de la actuación de la Administración. Estos nuevos planteamientos sitúan el secreto profesional de los funcionarios en un contexto diferente al clásico y en conflicto con otros intereses, susceptibles de ser protegidos jurídicamente, todo lo cual es examinado por el autor.
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