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La decisión adoptada en Salamanca sobre el nuevo tema a analizar, una vez concluido el estudio de la Discriminación y la Extranjería, pretendía prestar la debida atención a una de las grandes e inveteradas lagunas que mostraba nuestro sistema penal, cual era la parte, que se había convertido en insostenible desde que el nuevo código penal de 1995 preveía su configuración y se limitaba a mantener una regulación transitoria hasta la aprobación de la legislación correspondiente. La persistencia, a fines de 1997, de esa transitoriedad hacía especialmente urgente que la situación cambiara, y el Grupo decidió aportar sus esfuerzos a los que ya estaban realizando otros colectivos sociales y políticos.
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