La protección de expectativas en el derecho administrativo chileno Una propuesta para la aplicación del principio de protección

En el sistema jurídico chileno, como en otros, se ha sostenido que solo los derechos adquiridos están a salvo de ser afectados por la aplicación de normas o decisiones sobrevinientes, mientras que las meras expectativas están sujetas a ser frustradas. Así, se afirma que las autoridades públicas no tienen el deber de considerar las expectativas de los individuos al ejercer sus atribuciones. Recogiendo el reciente e insipiente desarrollo en Chile del llamado principio de protección de la confianza legítima, este libro se propone matizar el tradicional dogma de los derechos adquiridos y las meras expectativas y argumentar que ciertas expectativas sí deben recibir protección. Esto incluso cuando no existen derechos adquiridos involucrados o tratándose de decisiones sin efecto retroactivo.
Los actos de las autoridades públicas (leyes, actos administrativos, comunicaciones informales) en ocasiones no otorgan derechos a los particulares, sino solo inducen expectativas. Pero estas expectativas muchas veces son relevantes para el ejercicio de la libertad individual y su frustración puede tener un impacto desigual sobre quienes se han planificado teniendo en consideración normas o decisiones expuestas a ser modificadas. De este modo, en conexión con las garantías constitucionales que protegen la libertad y la igualdad ante la ley, este libro propone un método para que jueces y abogados puedan justificar la protección de ciertas expectativas, conciliando dos importantes necesidades: la de otorgar seguridad y la de atender los siempre cambiantes imperativos del bien común.