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1ª Edición / 430 págs. / Rústica / Castellano / Libro
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La obra estudia desde la perspectiva de la historia constitucional integral o polifacética, las Actas Constitucionales 2, 3 y 4 de 1976 dictadas por la dictadura militar chilena. Cuestiona las tesis al uso sobre las autolimitaciones del régimen autoritario (Barros, Huneeus). La incorporación de la cultura política y constitucional que inspiraba al régimen civil-militar, así como del acontecer político y la práctica judicial, como elementos de análisis del fenómeno, permitió dar con antecedentes que indican que las febles limitaciones del poder del general Augusto Pinochet como cabeza del régimen civil-militar, no tuvieron relevancia para los opositores. La normativa vigente al 11 de septiembre de 1973, así como la que se dictó en el tiempo posterior para la persecución de la disidencia, se aplicó severamente por las autoridades del Gobierno de facto, contando para ello con una interpretación de los Tribunales mayoritariamente favorable a la política represiva del régimen. Se organizó, además, un sistema institucional que permitió la comisión de crímenes de lesa humanidad. Todo lo cual indica que los Tribunales no emplearon, y menos las propias autoridades del régimen civil-militar, la normativa de las Actas Constitucionales para detener la maquinaria represiva. La investigación demuestra que la aplicación combinada de las Actas Constitucionales impide caracterizarlas como mecanismos eficaces de autolimitación. La Corte Suprema jugó en este sentido un rol decisivo al no recurrir en sus sentencias a la interpretación más favorable al disidente que estaba siendo reprimido. El Derecho jugó en el período en estudio (1973-1980) un cierto papel de control, pero, no de mejoramiento de la protección de la vida, de la integridad física y psíquica, ni de las demás libertades, derechos y garantías de quienes son calificados por los defensores del régimen civil-militar, como enemigos de la civilización cristiana occidental y su orden social, económico y político.