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1ª Edición / 348 págs. / Rústica / Castellano / Libro
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La introducción en el año 2009 de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas generó un
cambio de paradigma, que facultó por primera vez
la persecución y sanción criminal de entes colectivos
en el ordenamiento jurídico chileno. Pese a la
relevancia de esta modificación, su impacto ha sido
analizado por la doctrina teniendo en cuenta solo a
las empresas, dejando de lado una mirada más
atenta acerca de los presupuestos y efectos de
dicha responsabilidad en organizaciones sin fines
de lucro. Consecuentemente, la presente monografía
presenta una crítica al sistema de imputación
y de sanción penal, proponiendo una aplicación
diferenciada del mismo frente a este último tipo de
organizaciones. Especial atención se dedica a las reglas
concernientes a los deberes de dirección y supervisión
que deben ser satisfechos por parte de directivos
y dependientes, para garantizar una actividad
asociativa con pleno respeto a la legalidad.