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En la sede de la Universidad de La Frontera, en Temuco, en el mes de septiembre del año 2019, se realizó el IX Seminario de Profesoras de Derecho Público, con la participación de 16 destacadas académicas de diversas universidades del país, que se reunieron a exponer y debatir sobre el tema escogido para esta versión: "Mujeres y Derecho Público", el que se abordó en las siguientes 5 mesas: Mesa 1: Aportes del Derecho Público a la Igualdad entre Hombres y Mujeres: expusieron las profesoras Viviana Ponce de León Solís (de la Universidad Austral de Chile), Ximena Gauché Marchetti (de la Universidad de Concepción) y Estefanía Esparza Reyes (de la Universidad de La Frontera). Mesa 2: Derechos Políticos de las Mujeres: expusieron las profesoras: Ana María García Barzelatto (de la Universidad de Chile), Jéssica Fuentes Olmos (de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Cecilia Rosales Rigol y Alejandra Ovalle Valdés (de la Pontificia Universidad Católica de Chile). Mesa 3: Género y Feminismo: expusieron las profesoras Yanira Zúñiga Añazco (de la Universidad Austral de Chile), Bárbara Sepúlveda Hales (de la Universidad Alberto Hurtado) y Leticia Morales (de la Universidad Austral de Chile). Mesa 4: Mujeres y Medioambiente: expusieron las profesoras Andrea Lucas Garín (de la Universidad Autónoma de Chile) y María Luisa Baltra Vergara (de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad Finis Terrae). Mesa 5: Las Mujeres y las Instituciones: expusieron las profesoras Judith Schönsteiner (de la Universidad Diego Portales), Alejandra Zúñiga Fajuri (de la Universidad de Valparaíso), Natalia Muñoz Chiu y Gladys Camacho Cépeda (ambas de la Universidad de Chile).
Vale la pena destacar que en esta oportunidad varias de las expositoras participaban por primera vez en estos encuentros académicos y otro número importante de profesoras asistió interviniendo de manera activa en el debate que se generó con posterioridad a cada exposición. Como ha sido tradicional, actuaron como moderadores en los paneles en los que se dividió el Seminario, los profesores de Derecho Público de la Casa de Estudios anfitriona.
La profesora, Doctora Estefanía Esparza Reyes, tuvo a su cargo el discurso de bienvenida, en su calidad de organizadora de este encuentro por la Universidad de La Frontera. En seguida, la profesora y Ministra del Tribunal Constitucional, María Pía Silva Gallinato, a cargo de la Conferencia Inaugural, se refirió al "Derecho de las mujeres a no ser discriminadas, en la jurisprudencia de la Magistratura Constitucional". En su exposición la magistrada destacó que "la condición jurídica de la mujer ha ido evolucionando positivamente hacia un modelo que promueve y ampara con mayor
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vigor sus derechos, manifestándose ello en la aprobación de tratados internacionales y en el establecimiento de una serie de instituciones, políticas públicas, leyes e incluso reformas constitucionales. Esta tendencia se manifiesta, asimismo, en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, el cual, ejerciendo su función de control de constitucionalidad e interpretando la Carta Fundamental en forma sistemática, armónica y finalista, ha desarrollado una rica jurisprudencia que reconoce el derecho de las mujeres a no ser discriminadas en distintos ámbitos de su vida". El texto completo de esta intervención se puede encontrar en el libro que hoy presentamos.
También el lector encontrará en esta edición, los trabajos expuestos por 10 de las profesoras que intervinieron en el seminario. Sin seguir el orden en el que fueron presentadas, la profesora Ana María García Balzelatto nos llevó a reconocer el valor de los textos de un notable político, filósofo y economista inglés, como motor de logros relevantes del movimiento feminista del siglo XIX, que buscó erradicar la desigualdad de género y el reconocimiento de derechos de las mujeres, en el trabajo titulado "El sufragio femenino a partir de John Stuart Mill". Hace notar que Mill, vinculado al liberalismo y al pensamiento utilitarista, logró demostrar cómo los derechos de libertad e igualdad proclamados por el racionalismo y el movimiento constitucionalista de fines del Siglo XVIII, que ya inspiraban las cartas constitucionales y las instituciones del Siglo XIX en América y en Europa, estaban siendo vulnerados por el prejuicio de la desigualdad de los sexos. Destaca que, gracias a la influencia de su obra, Inglaterra logra aprobar el sufragio femenino de las mayores de 30 años, en febrero del año 1918, siendo ampliado, 10 años después, para las mujeres a partir de los 18 años. Para la autora "la obra de J. S. Mill en su totalidad es una protesta indignada contra el ordenamiento jurídico inglés, en cuanto sistema legal discriminatorio de la mujer y sus derechos, particularmente sus derechos políticos", agregando que "su obra dio un impulso fundamental a los derechos de la mujer, en general, y al sufragio femenino, en particular". Destaca, finalmente la forma en que el derecho a voto de la mujer se expandió en el resto de Europa, en Estados Unidos y en América Latina.
La profesora, Doctora Viviana Ponce de León Solís, en su ensayo titulado "¿Puede el Estado corregir estereotipos de género?: una discusión en el marco del análisis conductual del derecho", hace hincapié en la escasa atención que la literatura jurídica ha otorgado a los estereotipos de género y a su tratamiento, por lo que, intentando subsanar esa desatención, propone una comprensión de aquellos (los estereotipos) como un tipo de sesgo cognitivo, esto es, como una desviación predecible, sistemática y en ocasiones inconsciente, en la interpretación de algún aspecto de la realidad objetiPRESENTACIÓN
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va. Por otra parte, identifica las consecuencias que derivarían de aceptar la
comprensión propuesta para corregir o superar los estereotipos de género,
convocando a discutir iniciativas concretas cuyo impacto ha sido evaluado
en condiciones experimentales. Sugiere que en ese empeño se debe "entablar
un diálogo crítico entre el iusfeminismo y el derecho antidiscriminación,
por un lado, y el análisis conductual del derecho, por el otro".
El ensayo de la profesora, Doctora Ximena Gauché Marchetti, titulado
"Enseñanza del derecho con perspectiva de género: su contribución para
mejorar el acceso a la justicia", sostiene que el uso de la perspectiva de género
es capaz de elaborar una conceptualización teórica sobre el Derecho
que sea más cercana a la realidad. Plantea que "la perspectiva de género
permite reconocer estereotipos fuertemente arraigados en las estructuras
sociales que favorecen la desigualdad, abriendo así, un esquema posible
de soluciones, sean normativas, de políticas públicas o de prácticas, por
organismos públicos y privados, incluyendo a los legisladores y tribunales
de justicia". A modo de ejemplo, manifiesta, la perspectiva de género puede
servir como método que favorece "no sólo una mirada desde la realidad
de las mujeres, sino, también, desde las vivencias y modos de comprender
la realidad de personas LGBTIQ+". Por otra parte, reconoce que el juzgamiento
con perspectiva de género, que es uno de los ejes de la Política
de Igualdad de Género y No Discriminación aprobada por el Pleno de
la Excelentísima Corte Suprema en febrero de 2018, permite "visualizar,
visibilizar y entender la situación de desventaja en que han vivido, y continúan
viviendo, las mujeres y que es aceptada como un hecho natural en
la sociedad y, "utilizada como unos lentes de aumento", pone "el foco en
las situaciones de discriminación, desigualdad y violencia que viven, principalmente,
las mujeres". Y que, "en el ámbito de la tutela judicial efectiva,
como parte central del acceso a la justicia, en cuanto derecho humano, un
enfoque de este tipo, además, dialoga con la independencia e imparcialidad
judicial, requisitos y, a la vez, principios de la función jurisdiccional que
no sólo se levantan como derecho a favor de la persona que es sometida
a un proceso, sino que, también, deben ser vistos como una garantía para
las y los juzgadores, es decir, para que tengan las condiciones tanto institucionales
como personales para hacer cumplir el mandato que fluye de sus
resoluciones y fallos".
La profesora, Doctora Leticia Morales, por su parte, invita a reflexionar
acerca de la necesidad de incluir un enfoque de género en la toma de
decisiones judiciales sobre materias sanitarias, en su artículo titulado "La
necesidad de una perspectiva de género para la protección del derecho a
la salud". La académica afirma que "las decisiones sobre los conflictos de
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salud que no integren la dimensión del género no pueden dar adecuada cuenta de la realidad en cuanto al cuidado de la salud de las mujeres" y que constituye un hecho "que en los actuales modelos de atención en salud los estereotipos de género emergen como prácticas cotidianas". Llama la atención, asimismo, acerca de que "desde la perspectiva de la justicia social, es insuficiente enfrentar las desigualdades entre grupos económicos o étnicos sin abordar, a la vez, las desigualdades injustas entre varones y mujeres que existen en esos grupos". Sus ideas apuntan a que nuestra sociedad debe asumir la obligación de visibilizar y corregir las inequidades de género en materia de salud, lo cual incluye la actividad que desarrollan todos los órganos del Estado en la materia y, entre estos, principalmente a los tribunales de justicia, ya que estos se encuentran obligados a ejercer sus atribuciones y funciones con pleno respeto a los derechos humanos que se reconozcan en el Texto Constitucional y en los tratados internacionales que se encuentren vigentes en nuestro país. Indica que uno de esos derechos fundamentales que los jueces deben proteger cuando son requeridos por las personas, es el derecho a la salud, y que este no se puede entender desvinculado al derecho a la no discriminación arbitraria.
El género como determinante social de la salud, los sesgos de género en el acceso a servicios de salud y los sesgos de género en la investigación de salud, son los tres puntos que forman parte de la reflexión que guía el trabajo presentado por la profesora, Doctora Alejandra Zúñiga Fajuri, titulado "Igualdad, Constitución y cuidado sanitario". El ensayo plantea que los datos de género son relevantes para monitorear el progreso de la ciencia, la medicina y la salud, y que, a nivel global, esos datos aún no son suficientes para que se puedan realizar investigaciones serias. Atendido aquello, cree que el trabajar para crear esos datos constituye un desafío pendiente que requiere ser reconocido como una de las tantas luchas por los derechos humanos de las mujeres y de las minorías sexuales.
"La violencia contra las mujeres como vulneración del derecho a no ser discriminado/a. Notas desde el derecho antidiscriminatorio", es el título del ensayo de la profesora, Doctora Estefanía Esparza-Reyes. El objetivo del trabajo, en palabras de su autora, es "analizar cuáles conceptos de discriminación resultan más acordes con entender la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación. Comprender este fenómeno presta una enorme utilidad, pues genera, según se verá, consecuencias muy diversas, especialmente, para la protección del derecho a no sufrir violencia, a través de la no discriminación y de las obligaciones estatales". Apoyada en una extensa bibliografía, la académica indica que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación y que esta posee un elemento grupal que da
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lugar a estructuras sociales opresivas. Plantea, asimismo, que el fin de las
estructuras opresivas que se generan por la discriminación en buena parte
se podría lograr si el Estado emprendiese acciones eficaces de protección
de las víctimas de violencia, a través de programas gubernamentales e, inclusive,
de acciones jurisdiccionales especiales. Acciones como las aludidas,
afirma, bien podrían ayudar al cambio en la cultura de violencia contra la
mujer que aún se evidencia en la sociedad actual.
La profesora Bárbara Sepúlveda Hales presenta el trabajo titulado "Propuestas
para el reconocimiento de derechos constitucionales con perspectiva
de género", en el cual enfatiza que "la mera declaración de una igualdad
formal no será suficiente si lo que aspiramos es a una carta fundamental
que incorpore el marco jurídico y las herramientas para una verdadera
transformación social en materia de igualdad de género". Como un asunto
central del necesario avance en la materia, afirma que el principio de no
regresividad deberá formar parte del futuro debate constituyente, "a fin de
evitar que los sectores conservadores intenten desmantelar las normas relativas
a los derechos sexuales y reproductivos y otras conquistas de derechos
de las mujeres".
La académica, Doctora Jéssica Fuentes Olmos, tituló su trabajo como
"El rol de la parlamentaria en el avance de la igualdad de derechos de
la mujer en Chile", en el que parte por destacar el hecho de que existen
proyectos de ley presentados por parlamentarias que se orientan a superar
los obstáculos normativos y sociales que impiden a la mujer un desenvolvimiento
de su vida y actividades en un nivel de igualdad con los hombres.
Sin embargo, advierte, dichas iniciativas no han sido sistemáticas, no responden
a un programa o planificación y tampoco son objeto de seguimiento
por parte de quienes las han propuesto, lo que, a su juicio, debe cambiar.
Un estudio realizado en este contexto, le sirve para constatar que "el seguimiento
del trabajo de las parlamentarias adopta una relevancia inédita por
el impacto que podría generar en la institucionalidad y en la sociedad y, en
particular, porque las cuotas para asegurar representación, precisamente,
tienen por objetivo promover más específicamente los intereses de quienes
son beneficiados con ellas".
En el trabajo denominado "La Vicerrectoría para la Igualdad de Género
como propuesta para materializar el compromiso con la igualdad entre
hombres y mujeres en la universidad", la profesora, Doctora Gladys Camacho
Cépeda, afirma que es en la universidad el lugar en donde pueden
"superarse los problemas que impiden el desarrollo de las mujeres en igualdad
de oportunidades en la academia, constituyéndose en un ejemplo de
referencia en la superación de los desequilibrios de género existentes en
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el conjunto de la sociedad". Es debido a esa convicción que la académica plantea la necesidad de crear una institucionalidad al interior de las universidades que permita e incentive el acceso a la mujer a la academia, su promoción y participación en puestos de liderazgo, además de desarrollar una multiplicidad de iniciativas para cuya efectividad debe contarse con una estructura orgánica del más alto nivel que enlace las unidades locales que se dedican a esta labor e impulse las transformaciones que son necesarias para la erradicación de las desigualdades.
Cierra esta síntesis, el trabajo presentado por la profesora Andrea Lucas Garín, titulado "Aproximaciones al vínculo entre cambio climático y el enfoque de género", en el que, dentro de una novedosa orientación, sostiene que "las desigualdades frente a grupos vulnerables confrontan al propio Derecho y nos obligan a sumar otras miradas, si realmente, queremos construir una sociedad mejor". Plantea que los estados de nuestra región están llamados a continuar considerando al cambio climático como "un fenómeno relevante" y debiesen seguir, también, "profundizando su tratamiento en la agenda pública, aprobando los instrumentos jurídicos conforme los nuevos temas planteados por el Acuerdo de París". Hace notar que nuestro país ha seguido esa línea de acción, lo que se acredita en el hecho de que el proyecto de ley marco de cambio climático aborda de manera expresa el enfoque de género.
Las palabras de cierre, en representación de la comisión organizadora del encuentro, estuvieron a cargo de la profesora, Doctora Miriam Henríquez Viñas. La académica destacó la importancia y actualidad del tema elegido para esta novena versión del Seminario de Profesoras de Derecho Público, junto con agradecer a la Universidad de La Frontera, en la persona de la académica, Doctora Estefanía Esparza Reyes, y de los/as estudiantes que colaboraron, por su permanente apoyo, excelente organización y disposición para que las actividades se desarrollaran con excelencia y calidez humana. Agradeció y felicitó, asimismo, a cada una de las expositoras que acogieron la convocatoria a participar en este encuentro por haber abierto espacios de reflexión sobre las necesidades de cambio social que el país requiere en materia de género y acerca del aporte de la mujer en tan diversos temas de interés jurídico.
Con posterioridad al seminario, y como una novedad que se espera mantener en los futuros encuentros de profesoras de Derecho Público, un grupo de académicas se trasladó a la ciudad de Pucón, para realizar al día siguiente, y en la sede que allí tiene la Universidad de La Frontera, un Workshop denominado Primera Jornada de Investigación de Profesoras de Derecho Público. Esta actividad fue calificada como muy valiosa por las
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asistentes, ya que les permitió compartir y recibir comentarios u observaciones
que, sin duda, enriquecerán las investigaciones académicas que cada
una desarrolla.
El tema que nos convocó en esta novena versión del Seminario de Profesoras
de Derecho Público nos deja el gran desafío de continuar avanzando en
la investigación y en la ejecución de acciones concretas que permitan remover
las múltiples formas que adopta la discriminación en Chile, y que tienen
como base el género. Creemos decididamente que el trabajo que desarrollan
las académicas, y también los académicos, a lo largo de distintas Facultades
y Escuelas de Derecho del país, además de enriquecer el debate de género con
problemas y realidades contingentes, permitirá abrir espacios para el cambio
y el avance cultural en esta temática, aportando distintos enfoques teóricos y
metodológicos, pero sin olvidar la diversidad de realidades sociales, culturales,
políticas y económicas presentes en nuestra sociedad.
Para nosotras es un honor poder presentar esta obra colectiva que ayuda
a la visibilización del trabajo de las profesoras dedicadas al Derecho
Público en el país, en sus diversas áreas, como el Derecho Constitucional,
el Derecho Administrativo, el Derecho Medioambiental, el Derecho Internacional
Público, entre otras, ya que esa fue una de las principales razones
que impulsó a pensar en la realización de un seminario anual, en el año
2011, en el marco de una reunión de profesoras y amigas de la Pontificia
Universidad Católica de Chile: Cecilia Rosales Rigol, María Pía Silva Gallinato,
Marisol Peña Torres, Miriam Henríquez Viñas y Sandra Ponce de
León Salucci, sostenida en un café de la ciudad de Santiago, registrando la
lluvia de ideas en una servilleta de papel.
Nos enorgullece, y creemos representar en ese sentimiento a todas quienes
hemos formado parte de estos encuentros, que esta actividad académica
se haya realizado ininterrumpidamente y que haya cosechado, fruto de ella,
diversos libros, entre los que se suma el que hoy presentamos. También, que
se hayan sumado profesoras de distintas latitudes del país que contribuyen
con entusiasmo y excelencia al desarrollo de la disciplina. Saludamos, por
último, la incorporación de jóvenes académicas en las cuales depositamos
nuestras esperanzas de continuidad. Sabemos, además, que esta iniciativa
ha sido imitada con gran éxito por profesoras de otras áreas del Derecho, y
esta circunstancia no hace más que evidenciar lo valioso que resulta contar
con esta clase de espacios de intercambio académico.
Confiamos en que este empeño perdurará en el tiempo y que permitirá
seguir reforzando los lazos humanos y profesionales que ya se han creado
entre las académicas del país y podamos, prontamente, dar forma a la Asociación
Chilena de Profesoras de Derecho Público.

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