Responsabilidad empresarial, Derechos Humanos y la agenda del Derecho Penal Corporativo

Empresas 
El rechazo metafísico de muchos penalistas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas parece haber encontrado su última frontera en el campo de las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas. El protagonismo de las corporaciones en la producción de graves daños a escala global no solo es preocupante, sino que en muchos casos ha superado los límites de lo reversible y lo tolerable. Llegados a este punto, la comunidad científica global se ve inmersa en una situación de urgencia que le exige el desarrollo de estrategias jurídicas y políticas de control social para disminuir el riesgo del comportamiento de las empresas, pues una demora en el tiempo puede significar graves daños contra las personas y el medio ambiente. Un comportamiento omisivo frente a esta realidad significaría no solo la pérdida de una magnífica oportunidad histórica para reafirmar las funciones preventivas (y no meramente simbólicas) del sistema penal, sino también coadyuvaría con la creación de un manto de sospecha sobre el buen desempeño de las instituciones en relación a las funciones esenciales de contralor en un Estado de Derecho respetuoso de sus obligaciones de protección de los derechos humanos. 
Basándose en estos presupuestos, este libro es la suma de contribuciones que versan sobre múltiples perspectivas disciplinarias, que van de la criminología corporativa hasta las técnicas de imputación de responsabilidad, pasando por los desafíos procesales y los dilemas que aportan las nuevas tecnologías, incluyendo las formas de delinquir relacionadas con empresas y las correspondientes reacciones jurídicas. 
Esta obra colectiva de la que participan autores de tres continentes es un marco de discusión global para el pensamiento reflexivo en relación al comportamiento abusivo de las multinacionales ?con particular atención a lo que sucede en Latinoamérica? que esperamos pueda servir para inspirar investigaciones y prácticas sociales consistentes con miras a un cambio de paradigma en materia punitiva, para dirigir a la justicia hacia quienes más la necesitan, esto es, las víctimas de los delitos.