Es Catedrática de Universidad de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla, Vocal permanente de la Sección Quinta de la Comisión General de Codificación, y en la actualidad Vicepresidenta de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal de las Universidades Españolas, Directora de la Revista de dicha Asociación, así como Vicepresidenta para España y Portugal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y Vocal del Consejo asesor del Ministerio de Justicia para la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género. Igualmente, ha sido Asesora vocal del Gabinete del Ministro de Justicia, Presidenta de colegio arbitral de la junta arbitral regional de consumo de Andalucía; y actualmente es miembro del Consejo de dirección del Instituto Alonso Martinez de justicia y litigación, de la Universidad Carlos III de Madrid; miembro del pleno de la Corte de arbitraje inmobiliario de Sevilla; evaluadora externa permanente de la Revista de estudios de la justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; y experta evaluadora de diversas agencias de calidad como la Aneca o la agencia de Castilla - León, o miembro de la Red española de derecho penal de la Unión europea.

Ha desempeñado tareas docentes e investigadoras en las Universidades de Sevilla, Carlos III de Madrid, Ferrara y Urbino.

Además de participar como investigadora en más de una docena de proyectos de investigación concedidos en convocatorias competitivas nacionales e internacionales, algunos de los principales proyectos de investigación coordinados o dirigidos como Investigadora Principal, son ASPECTOS DELICTUALES DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE CRIMINOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y SUBVENCIONADO POR LA COMISIÓN EUROPEA (DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE JUSTICIA E INTERIOR) EN EL AMBITO DEL PROGRAMA FALCONE, AÑO 1999 (PROYECTO FALCONE 99/FAL/167); COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA: INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y ECONÓMICA (MINECO, DER2012-36890); INSTRUMENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO MUTUO Y EJECUCIÓN DE ERESOLUCIONES PENALES: INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL DE LOS AVANCES EN COOPERACIÓN JUDICIAL EN LA UNIÓN EUROPEA (MINECO DER2015-63942-9), PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE EXCELENCIA; LA TUTELA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. EL MARCO EUROPEO, SU APLICACIÓN EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL Y LOS SISTEMAS DE ACTUACIÓN Y PROTECCIÓN EN ANDALUCÍA (PROYECTO I+D+I US-15413, PROGRAMA FEDER ANDALUCÍA).

Igualmente has sido Investigadora única o responsable en varios CONTRATOS del ART. 68/83 LOU, tales como los relativos al DICTAMEN TÉCNICO RESPECTO A LA VIABILIDAD PROCESAL DE UNA ACUMULACIÓN DE ACCIONES DE VARIOS SUJETOS EJERCITANDO, DE FORMA PRONCIPAL O SUBSIDIARIA, PRETENSIONES RELATIVAS A NEGOCIOS JURÍDICOS SOBRE ADQUISICIÓN DE VALORES, Y QUE TIENEN COMO CONTRAPARTE A UNA ENTIDAD BANCARIA, o el relativo a la REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO JURÍDICO ? EJECUTIVO PARA FINES PROFESIONALES, SOBRE ACUMULACIÓN DE ACCIONES COLECTIVAS DE CESACIÓN Y ACCIONES INDIVIDUALES.

Ha participado como ponente en más de un centenar de Congresos nacionales en internacionales, así como en Maestrías y Cursos de especialización de diferentes Universidades, en España, Italia, Portugal, Brasil, México, Uruguay, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Perú o Colombia, entre otras.

Es autora de más de una docena de monografías en solitario, y otro tanto de obras colectivas, además de casi un centenar de capítulos de libro y artículos publicados en Revistas de reconocido prestigio y editoriales del máximo impacto. Sus principales líneas de investigación son la prueba en el proceso penal, la ejecución penal, los procesos en materia de violencia de género, los derechos de la víctima, el principio de oportunidad en el orden penal, los procesos colectivos en el orden civil y contencioso-administrativo, la tutela de consumidores y usuarios, la cooperación judicial civil y penal en la UE, los sistemas alternativos de resolución de conflictos en el orden civil y penal, el proceso penal del menor, el tratamiento de datos personales en el proceso penal, la Fiscalía Europea, el decomiso y la recuperación de activos, o la insolvencia y el proceso concursal.