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En la presente monografía se analiza un tema de creciente importancia en el ámbito jurídico y tecnológico: la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública cuando se emplean sistemas de inteligencia artificial (IA) para la toma de decisiones. A medida que la IA se integra en áreas clave de la gestión pública, como la tributaria, la seguridad y la prestación de servicios, surge la necesidad de establecer un marco jurídico claro que proteja a los ciudadanos frente a posibles daños ocasionados por decisiones algorítmicas.
En este trabajo, se exploran los desafíos jurídicos y técnicos que plantea el uso de algoritmos en el sector público, abordando aspectos como la inadecuación del actual régimen de responsabilidad objetiva, el papel de los contratistas en el suministro de sistemas de IA, y las posibles exoneraciones de la Administración. Además, se proponen recomendaciones para mitigar los riesgos y mejorar la transparencia en los procesos de contratación pública, sentando las bases para un uso seguro y justo de la inteligencia artificial en la gestión pública.
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