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El mundo del trabajo es un escenario estratégico en el que desplegar un crisol de acciones positivas en pro de la igualdad socioeconómica. Resultan paradigmáticas las medidas dedicadas a promover la inclusión laboral de grupos o sectores de la población en situación de vulnerabilidad social que, a su vez, se encuentran infrarrepresentados en determinadas profesiones o puestos. Estos instrumentos de igualdad adquieren mayor trascendencia cuando el trabajo en cuestión se desarrolla, directa o indirectamente, en favor de los poderes públicos. Con estas premisas de partida, abordaremos los requisitos de validez jurídica de acciones positivas de acceso al empleo moviéndonos en tres ejes de coordenadas: el ámbito en el que se despliegan las medidas, el tipo de acciones y los grupos a los que se dirigen. En primer lugar, el análisis se circunscribe a los contornos, por un lado, del acceso al empleo público y, por otro lado, de las cláusulas sociales en los contratos del sector público. El segundo eje lo constituye una clase de medidas sensiblemente controvertidas social, política y jurídicamente: las acciones positivas de trato preferente, tales como la ventaja ante el empate y las cuotas de empleo. Por último, centramos el foco en sectores poblacionales afectados interseccionalmente por diversos factores de discriminación.
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