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Hoy se puede afirmar que los Estados ratifican mayoritariamente los tratados de derechos humanos, lo que implica un reconocimiento generalizado de los mismos. Sin embargo, a pesar de que hacen ajustes legales, administrativos etc., sigue existiendo una falta de respeto y aplicación en los Estados. Una de las principales razones, aparte en ocasiones de la falta de voluntad política, estriba en la ausencia de una correcta priorización en la inversión pública para garantizarlos. De esta forma, los obstáculos a la realización de los derechos humanos ya no son teóricos, sino prácticos.
El respeto, protección y garantía de todos los derechos humanos tiene un coste económico. Por ello, cada uno de ellos debe tener reflejo presupuestario. A su vez, los presupuestos, en cuanto actividad que influye poderosamente en toda la acción del Estado, deben elaborarse, ejecutarse y supervisarse conforme a los estándares y reglas del Derecho Internacional de los derechos humanos. Sin embargo, históricamente, los presupuestos y los derechos humanos han sido tratados como realidades completamente escindidas.
Lo novedoso de esta obra es que redefine el vínculo existente entre presupuestos y derechos humanos y se apuntala la inversión pública en los derechos humanos como una obligación jurídica internacional para los Estados.
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