Discrecionalidad y control judicial de la Administración

la calidad del trabajo del propio poder ejecutivo en general, ya que juzgar a la Administración contribuye también a administrar mejor. La Constitución de 1978 ha supuesto la consolidación definitiva de la plena sujeción de los poderes públicos y, en particular, de la Administración a la Ley y al Derecho (art. 103.1).

Sin embargo, a pesar de la indudable evolución de la Jurisprudencia, la consolidación del pleno control judicial no ha llegado todavía de forma generalizada a todos los órganos judiciales que, sin la existencia de justificación constitucional alguna, sienten, en perjuicio de las legítimas pretensiones de los ciudadanos, el "vértigo" del pleno control del poder ejecutivo ante las habituales presiones totalmente infundadas de injerencia, activismo o arbitrio judicial.

La obra comienza analizando el concepto y contenido de lo que se ha venido entendiendo por discrecionalidad, sus diferencias con otras categorías como los conceptos jurídicos indeterminados y el "juicio técnico" o impropia discrecionalidad, para posteriormente abordar, desde un análisis muy detallado de la jurisprudencia actualizada en las principales materias de interés para los ciudadanos, tanto las tres cuestiones claves sobre el alcance, la intensidad y la plena extensión de las facultades de los tribunales, como las diversas técnicas de control judicial en su imprescindible función constitucional.